“La libertad de prensa en Minnesota se reduce a ‘aproximadamente la libertad de una camisa de fuerza’.” — Editorial del Miami News, citada en Literary Digest, sobre la Minnesota Gag Law de 1925
Hoy en Cría Cuervos…
Hay leyes que nacen con el pie izquierdo. No por lo que dicen, sino por cómo suenan, por el eco que generan en una sociedad que ya ha aprendido a desconfiar de todo lo que huele a control. La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es, sin duda, una de esas leyes. El Gobierno la viste de progreso y derecho ciudadano; la oposición y las organizaciones defensoras de la libertad de expresión la desnudan como una “Ley Mordaza”. La verdad, como casi siempre, está en un territorio difuso entre el discurso y la realidad.
La versión oficial del proyecto, tal como se presentó desde Palacio Nacional, es impecable en su formulación: ampliar el acceso a internet en zonas rurales, fortalecer las radios comunitarias, descentralizar el poder mediático y garantizar el derecho a la conectividad. Suena a justicia social, a democracia participativa. La consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, ha detallado que la propuesta exige a los medios contar con un Código de Ética y designar un defensor de las audiencias, y que las sanciones solo se aplicarían por incumplimientos concretos.
La propia presidenta Sheinbaum ha salido al paso de las críticas con un discurso que apela a la herencia histórica y a la defensa de la libertad: “Defendemos la libertad, la libertad del pueblo de México, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, la libertad de las ideas”. Morena, por su parte, ha enmarcado la iniciativa como una batalla contra la desinformación y la “propaganda disfrazada de noticia” que, según denuncian, caracterizó a los gobiernos neoliberales.
¿Que preocupa a la prensa y a la sociedad?
Pero el problema de esta reforma no es su intención declarada, sino su mecanismo de ejecución. Las organizaciones que defienden la libertad de prensa, como Artículo 19, han señalado que las directrices son “vagas y ambiguas”, lo que da pie a que el gobierno defina discrecionalmente qué es información falsa o descontextualizada. El temor real no es la sanción en sí, sino el efecto de autocensura que generará saber que se puede ser multado con hasta el 1% de la utilidad neta de la empresa por cada queja, lo que podría poner en riesgo la viabilidad económica de los medios no oficialistas.
La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) ha expresado su preocupación, reconociendo que el proyecto “incluye temas que preocupan” y que las directrices “dan lugar a discrecionalidad por parte del Gobierno”. La Iglesia católica se ha sumado a las alertas, señalando que la libertad de expresión no puede estar sujeta a que una autoridad administrativa determine la veracidad de las opiniones. Incluso el PRI, en una muestra de su habitual doble discurso, ha criticado la reforma mientras sus propios líderes han mostrado intolerancia hacia críticas en redes sociales.
El contexto que agrava la desconfianza
El debate sobre esta ley no ocurre en el vacío. Ocurre en un país donde, en lo que va de año, han sido asesinados siete periodistas, lo que ratifica a México como uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer la profesión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha tenido que exigir al Estado mexicano esclarecer estos crímenes, advirtiendo que las víctimas habían denunciado amenazas sin que se tomaran medidas preventivas.
En este contexto, la propuesta de una ley que otorga al gobierno la capacidad de definir qué es información falsa y de imponer sanciones económicas millonarias, suena menos a un derecho de las audiencias y más a una herramienta de control. La oposición ha denunciado que el objetivo real es evitar que los medios señalen a políticos del oficialismo con presuntos vínculos con el crimen organizado, como el exgobernador de Sinaloa.
Una ley que nace con una sombra
La intención de garantizar información veraz y proteger a las audiencias es un objetivo legítimo, y nadie en su sano juicio defiende la desinformación. Pero el camino hacia el infierno está empedrado de buenas intenciones. Una ley que otorga al poder ejecutivo la capacidad discrecional de definir la verdad y de castigar económicamente a quien se desvíe de ella, es una ley que, incluso si hoy se usa con “buena fe”, sienta un precedente peligroso para el futuro.
La presidenta Sheinbaum asegura que “nunca ha habido más libertad de expresión que ahora”. Pero en una democracia, la libertad de expresión no se demuestra con discursos ni con decretos, se demuestra con hechos, con la certeza de que uno puede criticar al poder sin temor a represalias. Y en un país donde los periodistas son asesinados y donde el gobierno decide qué es información falsa, esa certeza brilla por su ausencia. La “Ley Mordaza”, con sus dos caras, es un espejo en el que la sociedad mexicana debe mirarse con atención antes de permitir que se apruebe.
Y te Sacaran los Ojos…
El antecedente inmediato en Tlaxcala convierte la desconfianza en certeza. Apenas en enero de 2025, la diputada local de Morena, Lorena Ruiz García, presentó ante el Congreso estatal una iniciativa que el gremio periodístico no dudó en calificar como “Ley Mordaza”. La propuesta buscaba tipificar como delito la difusión de imágenes, audios, videos o documentos relacionados con procesos penales, estableciendo penas de dos a ocho años de prisión y multas de hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para periodistas, servidores públicos y cualquier ciudadano que compartiera esa información .
La Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala (UPET) fue contundente: el organismo reprobó el intento de “coartar la libertad de expresión y violentar el derecho humano a la información”, ambos consagrados en la Constitución federal y estatal. Los comunicadores advirtieron que la propuesta no solo carecía de fundamento real, sino que representaba un retroceso para la labor periodística al limitar la cobertura de asuntos de interés público bajo el pretexto de proteger la privacidad de las víctimas.
La indignación se agravó por el contexto que rodeaba a la legisladora: su esposo había sido detenido por fuerzas federales en Apizaco, señalado como presunto líder de un grupo delictivo en Quintana Roo, lo que llevó a los periodistas a denunciar que la iniciativa buscaba, en realidad, “blindar su reputación y la de su familia de cualquier escrutinio público”.
La presión social y gremial fue tan intensa que Ruiz García tuvo que desistir de su propuesta. Activistas, organizaciones civiles y periodistas se manifestaron frente al Palacio Legislativo, el propio coordinador de Morena en el Congreso local, Ever Alejandro Campech Avelar, reconoció que la iniciativa fue frenada por sus “inconsistencias” y por las afectaciones que provocaría a los medios, admitiendo que carecía del estudio exhaustivo necesario.
Este episodio es un hecho documentado que evidencia cómo, en Tlaxcala, la tentación de regular el acceso a la información bajo un discurso de protección ha sido real y ha partido desde las propias filas del oficialismo. La pregunta que la sociedad tlaxcalteca debe hacerse, a la luz de la reforma federal impulsada por la presidenta Sheinbaum, es si el antecedente local fue una anomalía o el síntoma de una práctica que, en el ámbito nacional, podría repetirse con consecuencias aún mayores. Cuando el partido que en el Congreso local intentó silenciar a la prensa ahora impulsa desde Palacio Nacional una ley que otorga al Estado la facultad de definir qué es información falsa, el temor a que la “cortina de humo” se convierta en “mordaza” deja de ser una especulación para convertirse en una preocupación fundada.
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