No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo.
Atribuida a Evelyn Beatrice Hall / Voltaire
Hoy en Cría Cuervos…
El jueves 13 de agosto, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, subió al podio de la conferencia matutina y, con la solemnidad de quien presenta un hallazgo técnico, proyectó una diapositiva. En ella aparecían nombres de periodistas, medios de comunicación y figuras políticas. No era una denuncia formal, no era una acusación judicial. Era, según la funcionaria, un “análisis de ecosistemas digitales” que buscaba mostrar cómo se amplificaban artificialmente las críticas contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero el formato, el lugar y los nombres expuestos convirtieron aquella diapositiva en lo que muchos, con razón, llamaron UNA LISTA NEGRA.
Luisa Alcalde lo ha repetido en diversas entrevistas: no es una lista negra, no hay censura, las libertades están garantizadas . “Nunca jamás en este gobierno, ni sería la intención, coartar tu libertad para que opines”, declaró ante Joaquín López-Dóriga, uno de los periodistas incluidos. Claudia Sheinbaum, por su parte, respaldó el ejercicio y preguntó retóricamente: “¿A quién se le censura, a quién? A nadie”.
El argumento oficial es el siguiente: existe una red de cuentas falsas (bots) que toman notas periodísticas y las amplifican para generar tendencias contrarias al gobierno. Los periodistas y medios mencionados no son los generadores de esa desinformación, sino piezas de un ecosistema más amplio. Alcalde insiste en que aparecer en la lista no significa que el medio forme parte de una operación política.
Pero la semántica no borra el hecho: desde la máxima tribuna del poder ejecutivo, con nombre y apellido, se señaló a decenas de comunicadores. Entre ellos: Carmen Aristegui, Joaquín López-Dóriga, Paola Rojas, Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón y Luis Cárdenas. Medios como Latinus, El Universal, ADN 40 y Aristegui Noticias también fueron mencionados. La oposición política, incluidos nombres como Xóchitl Gálvez, Ricardo Anaya, Alejandro Moreno y Margarita Zavala, completó la lista.
Amenazas, autocensura en un país que ya de por sí es peligroso para periodistas, lo que sucede después de una exposición pública de este tipo no es teórico, es concreto y, en México, potencialmente mortal. Paola Rojas denunció que, tras aparecer en la lista, comenzó a recibir decenas de insultos, alusiones personales, amenazas dirigidas a su familia y ataques que incluso tocaron episodios de su vida personal. “En un país en donde, pues sí, secuestran, asesinan y silencian a periodistas todo el tiempo, ahí me puso en esa lista”, declaró.
La representante en México de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Balbina Flores Martínez, fue contundente: “Me parece que podría representar un riesgo para las y los periodistas y los medios que son mencionados, sobre todo en un país tan peligroso como México para ejercer el periodismo”. La organización recordó que este tipo de prácticas no son nuevas, sino que vienen del gobierno anterior, cuando Andrés Manuel López Obrador exhibió en su mañanera el número de teléfono personal de la corresponsal de The New York Times.
Pero esta es la primera vez que la administración de Sheinbaum hace una exposición pública tan abierta. Y el mensaje, aunque envuelto en tecnicismos, es claro para quienes entienden el lenguaje del poder: aquí están los nombres de quienes incomodan, y aquí está el sistema gubernamental señalándolos.
No es una lista negra, es una “señal ominosa”, señaló Leonardo Núñez González, director de Investigación Aplicada en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), señalado también en la lista, lo expresó sin ambages:
“El eufemismo con el que lo quieran llamar es irrelevante, considerando que el hecho es la presentación pública de un listado de personas acusadas de actuar con dolo hacia el gobierno. El mero hecho de la mención en ese espacio es una señal ominosa que baja como una cadena de mando, especialmente viniendo de quien dirige la acción jurídica de la Presidencia”.
Esta “señal ominosa” no es un castigo formal, pero tiene efectos prácticos. Genera un efecto paralizador (el chilling effect): los periodistas saben que criticar al gobierno puede ponerlos en una lista, y estar en esa lista puede exponerlos a ataques. En un país donde, en lo que va del año, han sido asesinados varios periodistas y México se mantiene como uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer la profesión, el mensaje es doblemente grave.
El gobierno de la Cuarta Transformación llegó al poder prometiendo acabar con los privilegios y las prácticas autoritarias del pasado. Pero la lista de Luisa Alcalde se inscribe en una línea de continuidad con las mañaneras de López Obrador, donde se exhibía a periodistas críticos, se les llamaba “conservadores” o “fifís” y se les vinculaba con intereses oscuros. Como ironizó Joaquín López-Dóriga:
“Para mí es un honor estar en esas listas de críticos y hubiera sido una vergüenza personal y profesional que a estas alturas de mi vida, este régimen no me viera como tal”.
La crítica a este tipo de prácticas no viene solo de la oposición o de los medios tradicionales. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc y señalada en la lista, lo resumió con crudeza:
“Se pasaron años denunciando el autoritarismo y terminaron haciendo listas de sus críticos. Qué rápido se convirtieron en todo lo que juraron combatir”.
Y te Sacaran los Ojos…
¿Qué sigue para la libertad de expresión?, la lista de Luisa Alcalde no es una ley mordaza, pero es, quizá, más peligrosa. Una ley se discute, se debate y se puede impugnar. Una lista, en cambio, opera en la ambigüedad, el gobierno niega que sea una amenaza, pero los periodistas ya están recibiendo ataques. La funcionaria dice que las libertades están garantizadas, pero el mensaje que recibe la sociedad es que el gobierno puede, cuando quiera, exponer a sus críticos y dejarlos a merced de la turba digital.
La presidenta Sheinbaum ha dicho que defiende la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión no se demuestra con discursos, se demuestra con hechos. Y el hecho de que desde Palacio Nacional se señale a periodistas críticos, en un país donde los asesinatos de comunicadores son una realidad cotidiana, es un hecho que pesa más que cualquier declaración oficial.
El gobierno puede llamarlo “análisis de ecosistemas digitales”. Puede decir que no es una lista negra. Puede asegurar que no hay censura. Pero los nombres ya están publicados, los ataques ya comenzaron, y el mensaje ya fue recibido: críticas al poder pueden tener consecuencias. Y en México, donde esas consecuencias pueden ser mortales, ese mensaje no es solo autoritario; es irresponsable.
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